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12-12-2017
"Primero mando único; luego Ley de Seguridad Interior"
Mario Muñoz

La semana pasada todo indicaba que el Senado avalaría la Ley de Seguridad Interior, para permitir que el Ejército realizara acciones de seguridad pública, ante los embates de la delincuencia. A pesar de que las cúpulas empresariales nacionales y activistas como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí apoyaron públicamente la reforma, organizaciones especializadas en seguridad y derechos humanos, nacionales e internacionales, se pronunciaron en contra. Al final, en la entrega de la medalla “Belisario Domínguez”, el Presidente Enrique Peña Nieto pidió una mayor discusión del dictamen, en donde participen organizaciones no gubernamentales. 



Con ese contexto, subrayo algunas observaciones emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se pronuncia contra la reforma:

Primero: Se documenta el papel indebido de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.



Segundo: Existe una ausencia de controles en sus intervenciones.

Tercero: Hay una carencia de políticas para el fortalecimiento de las instituciones.

Cuarto: Existe la indebida protección y garantía de los derechos humanos.

Quinto: Y se suma la inconstitucionalidad de la reforma.



Hay una arista que poco se aborda en la discusión: en el dictamen se incluye un mecanismo limitado de rendición de cuentas del Ejército, algo gravísimo, el cual apenas consiste en el envío de informes al Presidente de la República y a la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión; en otra palabras, no se configura un mecanismo de control en sentido estricto.



Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupaciones similares a la ONU, vale la pena recordar que lo que realmente hace falta, antes de militarizar a las entidades federativas, es garantizar los derechos humanos y mejorar la seguridad pública a través de las Policías y agentes del Ministerio Público.



Lo primero que debe hacer el Congreso es una reforma que fortalezca las corporaciones policiales de todos los niveles de Gobierno, que se depuren y se capaciten de verdad. Mando único o mixto, lo que quieran, pero debe ser la prioridad antes que la Ley de Seguridad Interior.



La consolidación de la reforma a la justicia penal es otro punto fundamental, pero con la capacitación debida para que no culpen al sistema de las fallas operativas o ministeriales. Y el  fortalecimiento del Poder Judicial es otra prioridad, porque es otro lastre.



Vale la pena recordar que el Ejército y la Marina son las instituciones más respetadas, por eso sería un grave riesgo responsabilizarlas de la seguridad pública ante la omisión y negligencia del Presidente de México, de los gobernadores y de los alcaldes.



La militarización no resuelve la inseguridad ni combate de fondo los delitos del orden común, como los homicidios y robos. Y si no lo cree: ¿Pregúntenle a los habitantes de Tamaulipas?

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