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11-03-2018
"Ola de inseguridad… ¿sólo en Tlaquepaque?"
Jonás

En domingo (11 de marzo de 2018), amanece San Pedro Tlaquepaque intervenido por el Ejército, la Policía Federal, la PGR y la Fiscalía General de Jalisco. Los policías municipales de Tlaquepaque fueron desarmados y recluidos a sus instalaciones.

Es una intervención en toda forma que cancela temporalmente uno de los rasgos de autonomía de los municipios: la tarea auxiliar de la seguridad con una policía municipal. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval explicó en su cuenta de Twitter que la intervención en Tlaquepaque se determina “ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado”.

En la presidencia municipal nadie estaba enterado. Fue una medida sorpresiva.

Hay una razón lógica para actuar así: si se presume que algunos policías están coludidos con el crimen organizado y enterarlos antes es perder ventaja. Pero tomar esas determinaciones sin dar cuenta a la máxima autoridad –en este caso, la presidenta municipal María Elena Limón– también es una medida provocativa, sobre todo en un período evidente para todos: las elecciones 2018.

Cabe preguntar al Gobierno estatal, al Ejército y a la PGR (esa misma dependencia involucrada en la controversia con el candidato presidencial Ricardo Anaya), ¿sólo San Pedro Tlaquepaque? ¿Si los altos índices delictivos y la ola de asesinatos se extienden a otros municipios y la inseguridad persiste en toda la Zona Conurbada, por qué sólo en un municipio?

¿O una presunta “limpia” en las policías se extenderá a todos los municipios?

No es la primera ocasión que esto ocurre. Existen antecedentes.

Alberto Uribe Camacho, como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, anunció por sí mismo que “entregaba” las riendas de la policía a la Fiscalía General del Estado, entonces encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, para que la dependencia estatal se hiciera cargo de evaluar y depurar elementos.

El mismo Uribe reconoció en diferentes espacios públicos: “Todas las policías municipales están infiltradas por el crimen organizado”. Me lo dijo a mí también.

Con esa medida, el entonces presidente municipal alcanzó dos logros importantísimos: legitimidad para su policía y disminución de los índices delictivos al contar con una policía depurada, porque efectivamente, muchos elementos no calificados salieron de la corporación.

Curiosamente, el mismo método debería haberse aplicado en todas las policías del Estado, pero no ocurrió así.

Ahora, cuando la Zona Conurbada de Guadalajara se encuentra en una crisis y en un escándalo nacional por una ola de asesinatos que el Fiscal General, Raúl Sánchez, atribuyó a un “reacomodo” de cárteles del narco (como si eso fuera justificante y explicación), se determina intervenir a la policía de uno solo de los nueve municipios conurbados.

Entre San Pedro Tlaquepaque y el resto de la ciudad no hay fronteras ni se exige pasaporte para transitar de un lugar a otro. Todos vivimos en la misma ciudad. Todos padecemos la misma criminalidad.

Y existe un elemento adicional: en medio del proceso electoral 2018, hay una confrontación evidente entre dos fuerzas políticas, la de Movimiento Ciudadano que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, y la del Revolucionario Institucional que tiene como líder al gobernador Aristóteles Sandoval.

Meterle política, y peor, política electoral, al combate a la inseguridad, no ayuda a nadie. Empeora las cosas. Si hay revisiones, que sea a todos.

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